La batalla legal de Marina contra Grupo Afirme
La empresa de Maiz Domene, fiduciaria de Next Energy, se niega a devolver a BC 130 millones de pesos del fallido proyecto de la planta fotovoltaica, bajo el gobierno de Bonilla.
Un Juez de Control difirió para el próximo 10 de febrero la audiencia de dos directivos de Grupo Afirme, que están en calidad de prófugos por negarse a devolver al gobierno de Baja California 130 millones de pesos depositados como garantía para el fallido proyecto de la planta fotovoltaica que construiría Next Energy durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez.
Los imputados que responden a los nombres de Nabor “N” y David “N” no se presentaron este miércoles ante la juez María de Jesús Acosta, quien atiende la causa penal con el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-10453 por haber comprometido las participaciones federales, la cuales fueron tomadas para arrancar la obra del ex gobernador morenista.
Durante la audiencia de este 26 de enero, la defensa de la institución financiera solicitó a la Juez negar el acceso a los medios de comunicación y realizar la audiencia de forma privada, sin embargo, se autorizó el ingreso sin cámaras. En tanto, los imputados deberán presentarse ante la autoridad en la fecha citada, de lo contrario, serán apercibidos con una nueva orden de aprehensión.
Fue el 20 de octubre de 2020 cuando el Comité Interinstitucional de Energía del Gobierno del Estado de Baja California (CIE) determinó que Next Energy construiría una planta fotovoltaica para dotar del servicio eléctrico a Baja California. Esto bajo la administración de Jaime Bonilla.
El proyecto contemplaba suministrar 385 megawatts al estado, así como utilizarse para el acueducto Río-Colorado, que transporta agua desde Mexicali a los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada con un contrato plurianual a 30 años.
La empresa dirigida por Eugenio Javier Maiz Domene construiría una central solar con energías limpias, en un predio de 550 hectáreas, localizado sobre la carretera Mexicali-San Felipe. Sin embargo, nunca obtuvieron los permisos de la federación y desistieron en mayo de 2022 ante la posibilidad de ser demandados por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En contraparte, la autoridad estatal presentó en marzo de 2022 una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado por 12 mil millones de pesos en contra del ex gobernador Jaime Bonilla y siete ex servidores estatales.
Cabe señalar que el gobierno federal construye una planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, la cual es considerada la más grande de Latinoamérica, que contempla dotar de suministro a Baja California. Tiene proyectada entrar en operaciones el 1 de mayo de 2023 para actividades comerciales y en mayo de 2024 en su segunda fase.
