México elegirá a todos sus jueces este domingo en un proceso sin precedentes y bajo críticas por posible politización
Este domingo, México celebrará una elección inédita en el mundo: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a todos los jueces federales y magistrados de 19 estados, como parte de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
El oficialismo defiende la medida como una vía para combatir la impunidad, que alcanza niveles de hasta 90% en el país. Sheinbaum ha insistido en que “el pueblo sabe por quién va a votar” y ha rechazado las voces que cuestionan la capacidad del electorado para elegir a los jueces.
Sin embargo, la reforma ha despertado fuertes críticas de expertos, activistas y organizaciones internacionales, quienes advierten que podría debilitar la independencia judicial, abrir la puerta a la influencia política o criminal sobre los tribunales, y consolidar un régimen sin contrapesos.
La elección, que se considera apartidista en el papel, contempla la participación de más de 3,400 candidatos para cargos federales. El proceso ha estado marcado por la falta de difusión, la complejidad del voto (especialmente en la Ciudad de México, donde se deberán marcar hasta nueve boletas), y las restricciones para que los aspirantes puedan promover sus propuestas.
A pesar de su magnitud, las encuestas indican que apenas la mitad de los electores conocen la fecha de la votación y solo cuatro de cada diez tienen la intención de acudir a las urnas.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que al menos 19 aspirantes están vinculados a casos de corrupción, abuso sexual o presuntos nexos con el crimen organizado. Entre los perfiles polémicos destaca Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien busca ser jueza en Chihuahua.
Para Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, este tipo de elección incrementa el riesgo de que los jueces respondan a intereses políticos, económicos o incluso al electorado, comprometiendo su imparcialidad.
Pese a todo, el gobierno mexicano insiste en que el proceso representa un avance democrático. Los resultados oficiales se conocerán a partir del 2 de junio.
