
García Harfuch lanza nueva fuerza especial y enfrenta tensiones con la Sedena por recursos
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha dado un paso clave en su estrategia de seguridad al incautar 10 millones de litros de diésel y anunciar la creación de una nueva fuerza policial con facultades investigativas. Sin embargo, esta iniciativa ha generado fricciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a la disputa por los recursos federales.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum, García Harfuch se ha consolidado como la figura central en materia de seguridad, reduciendo el protagonismo y el presupuesto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Esto ha provocado tensiones, especialmente porque su permanencia en el gabinete federal tras las elecciones de 2024 estaba prácticamente asegurada.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha intensificado la situación por dos razones: su presión para que México refuerce la lucha contra el crimen organizado ha fortalecido la posición de García Harfuch, mientras que la amenaza de nuevos aranceles genera incertidumbre económica, lo que complica la asignación de recursos entre la SSP y la Sedena.
Este lunes, García Harfuch lanzó una convocatoria para reclutar Agentes de Investigación e Inteligencia, como parte de una nueva fuerza policial autorizada por las recientes reformas en materia de seguridad. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en la creación de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO), que operará en distintos puntos del país.
El objetivo es incorporar cerca de 15 mil agentes a estas nuevas unidades, pero el financiamiento sigue siendo un obstáculo. La Sedena ha dejado claro que solo apoyará con personal si recibe a cambio un número equivalente de nuevos reclutas para sus filas, asegurando que los recursos sigan destinados al ámbito militar y no a la seguridad civil.
Estas diferencias reflejan una disputa más amplia entre los mandos militares y el gobierno de Sheinbaum. Entre los puntos de conflicto destacan los aumentos salariales prometidos a las Fuerzas Armadas, que aún no se han materializado, y la exposición a mayores riesgos bajo la nueva estrategia de seguridad, lo que genera inquietud en la cúpula castrense.