ONG exige a México mejorar la investigación de homicidios ante ola de violencia
Fallas en el sistema judicial y falta de recursos agravan la impunidad
México cerró 2024 con 30,057 homicidios dolosos, un aumento del 1.2% respecto al año anterior, lo que refleja una crisis persistente en materia de seguridad y justicia.
Ante esta situación, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIHD) ‘Lex-Magister’ instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a investigar de manera adecuada los homicidios, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
“El sistema de justicia penal mexicano presenta graves deficiencias en la investigación de homicidios, lo que genera datos contradictorios en la clasificación de delitos en todo el país”, denunció Jesús Rey Fierro Hernández, presidente del GIHD.
Baja efectividad en la persecución penal
México mantiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con casi 25 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. Sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma.
De acuerdo con el GIHD, entre 2010 y 2024, las fiscalías estatales abrieron aproximadamente 300,000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo 51,000 casos llegaron a la fase de proceso penal, es decir, apenas el 17%.
El grupo enfatizó que la mayoría de estos crímenes están vinculados a disputas entre grupos criminales por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas, más que a delitos del fuero común.
Factores que obstaculizan la justicia
El GIHD señaló diversas razones por las que los homicidios en México no se investigan adecuadamente:
- Falta de recursos en las fiscalías.
- Sobrecarga de trabajo en los ministerios públicos.
- Corrupción y burocracia, que frenan las investigaciones.
- Falta de coordinación entre las distintas instituciones de seguridad.
Además, el informe advierte que muchas familias enfrentan corrupción, estigmatización y exigencias de sobornos para que los asesinatos de sus seres queridos sean investigados.
“Cuando los homicidios llegan a juicio, las pruebas suelen ser débiles, fabricadas o basadas en confesiones obtenidas mediante tortura”, denunció el GIHD.
Una encuesta del Inegi reveló que el 40% de las personas encarceladas por homicidio desde 2016 afirmaron haber sido golpeadas o torturadas para obligarlas a declararse culpables.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
El GIHD alertó que la falta de independencia judicial limita la capacidad de los jueces para actuar sin presiones políticas, lo que agrava la crisis de impunidad.
Además, advirtió sobre el riesgo de que las próximas elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, donde jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, debiliten aún más la autonomía del Poder Judicial.
Llamado a una estrategia nacional contra el crimen
Ante este panorama, el GIHD urgió a las autoridades a diseñar un plan estratégico para la persecución penal, que incluya:
- Desarticulación de grupos criminales responsables de homicidios.
- Supervisión independiente de las fiscalías para detectar fallas e irregularidades.
- Mecanismos de denuncia ciudadana para vigilar el desempeño de las instituciones de justicia.
“Es fundamental que se investiguen los homicidios de manera profesional, sin prejuicios y con total independencia judicial. No se puede seguir permitiendo que las víctimas sean estigmatizadas o ignoradas”, concluyó el GIHD.
