El Congreso de la CDMX prohíbe las corridas de toros con violencia
Con 61 votos a favor y solo uno en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que prohíbe las corridas de toros con violencia para evitar el sufrimiento y la muerte de los animales. El único voto en contra provino del morenista Pedro Haces Lago, reconocido defensor de la tauromaquia.
Este resultado marca un hito en el debate sobre la tauromaquia en la capital. La iniciativa impulsada por Brugada, junto con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, destrabó un tema que había generado divisiones. Tanto el oficialismo como la oposición respaldaron la medida, consolidando un consenso legislativo en favor del bienestar animal.
En conferencia de prensa, la coordinadora de Morena en el Congreso, Xóchitl Bravo, reconoció que hubo “muchas presiones” en los últimos días, pero destacó los acuerdos que permitieron la aprobación de la iniciativa. “Todos ganamos. Hemos cumplido en esta ciudad de vanguardia, progresista y garantista de derechos”, afirmó.
Por su parte, Pedro Haces Lago, diputado y heredero de una familia ligada a la tauromaquia, intentó frenar la medida presentando varias reservas al dictamen, las cuales fueron rechazadas. Tras la votación, declaró: “Seguiré luchando por una modernización justa, verdadera y eficiente porque la cultura no se censura, se entiende; la identidad no se borra, se transforma; el arte no se prohíbe, se respeta”.
Desde el Partido Verde, su coordinador Jesús Sesma celebró la decisión y aseguró que “es el principio del fin de la tauromaquia y el maltrato animal”. También adelantó que su bancada buscará llevar esta misma propuesta al ámbito federal para prohibir las corridas de toros en todo el país.
A partir de ahora, la Consejería Jurídica del gobierno de la CDMX, en conjunto con representantes del sector taurino y grupos ecologistas, establecerá una mesa de trabajo para definir las nuevas reglas que regirán la tauromaquia en la ciudad. El Congreso ha establecido un plazo de 210 días para implementar las nuevas disposiciones y regular la transición hacia el nuevo esquema aprobado.
