Tiene CONAHCYT deuda millonaria del sexenio pasado.
Hasta el momento se han presentado 50 demandas legales del Programa Investigadores (IxM), el adeudo alcanzaria los 130 millones de pesos.
El programa Investigadores por México (IxM), antes Cátedras Conacyt, fue puesto en marcha el sexenio pasado como alternativa para brindar a jóvenes científicos talantosos una opción laboral ante las exiguas plazas que se liberan en las universidades y centros de investigación –debido a otro problema, la inexistencia de adecuados planes de jubilación académica. También fue una alternativa para evitar la fuga de cerebros.
En 2018, el programa alcanzó un pico máximo de casi mil 500 plazas, sin embargo, un sexenio después ronda las mil 200; tras el cambio de gobierno no hubo convocatoria hasta 2022, cuando se asignaron 118 plazas, en tanto que en 2023 fueron 45. Este año, sólo hubo 24 plazas, pero sólo diez de ellas para hacer investigación, el resto fue para una nueva modalidad administrativa (Modalidad 2)
Decenas de esas plazas “perdidas” fueron dadas de baja como “despido injustificado”, lo cual ha sido visibilizado por el sindicato SIINTRACATEDRAS, creado hace un lustro como resultado de los agravios laborales a los ex Cátedras, pero que nunca ha sido reconocido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, sobre quien se ciñó una denuncia (CE-CONAHCYT-05240219-2400) por acoso laboral de una ex IxM.
“La lectura del sindicato es que la normativa del programa no está realizada en apego a los derechos laborales y humanos en México”, señala Beatriz Díaz, miembro del sindicato. “Conahcyt niega el derecho a la estabilidad laboral y condiciona el empleo. Las reglas son meritocráticas, pero muchas veces estamos en instituciones estatales donde no se tienen las mejores condiciones para realizar nuestro trabajo”, agrega la académica, quien enfatiza que no es lo mismo trabajar en Ciudad Universitaria de la UNAM que en una de provincia, aun así, Conahcyt evalúa bajo el mismo criterio.
Patricia Juan fue abogada del sindicato y actualmente lleva los casos de una treintena de científicas y científicos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fueron objeto de “libre remoción” como resultado de evaluaciones de dudosa objetividad, pero bajo el principio de ser considerados empleados de confianza y no de base, la cual es más acorde con el desempeño de sus funciones de investigación, explica en entrevista.
De los 33 casos registrados por Juan y SIINTRACATEDRAS, se suman otros 21 que son atendidos por otros abogados. Juntos “sumarán un monto económico bastante fuerte para la siguiente administración dado el retraso que han provocado. El tiempo sigue pasando y se convierte en una bola de nieve”.
