Crece la polémica por despliegue de tropas de Trump en Los Ángeles sin aval estatal
El despliegue de 2 mil soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha generado una ola de críticas este domingo. Se trata de la primera vez en seis décadas que un mandatario estadounidense toma esta medida sin el consentimiento del gobierno estatal.
Trump justificó la movilización para controlar protestas en respuesta a las redadas migratorias en la ciudad. Sin embargo, autoridades locales aseguraron que las manifestaciones ya habían sido contenidas y no representaban un riesgo para la seguridad pública.
Organizaciones de derechos civiles, funcionarios electos y expertos han calificado la decisión como una “escalada peligrosa”. Neera Tanden, directora del Centro para el Progreso Americano, advirtió que se trata de una medida que “pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a la democracia”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) expresó su rechazo al despliegue y analiza presentar una demanda. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la presencia militar como “una escalada caótica” que ha generado miedo en las comunidades locales.
“El temor que se vive en la ciudad es muy real. Esto pone en riesgo nuestros vecindarios y es lo último que necesitamos”, afirmó la edil en un comunicado, mientras soldados se apostaban frente al edificio federal que alberga una cárcel migratoria en el centro de Los Ángeles.
Las críticas también alcanzaron al asesor migratorio de Trump, Tom Homan, quien amenazó con arrestar a Bass y a Newsom si interfieren con la operación militar. El historiador Miguel Tinker Salas consideró que estas amenazas forman parte de un “show mediático” destinado a desestabilizar políticamente a California.
Desde ACLU, Hina Shamsi advirtió que la acción del gobierno federal representa un riesgo “legal y ético” al socavar el principio democrático de que las fuerzas armadas no deben vigilar a la población civil.
A pesar del despliegue, el acceso al complejo federal no fue restringido, lo que permitió que activistas se congregaran para mostrar apoyo a los migrantes detenidos. Algunos de ellos respondieron desde el interior golpeando las ventanas, en señal de que escuchaban las consignas de respaldo.
Las tensiones continúan en aumento mientras organizaciones civiles y autoridades estatales evalúan las posibles consecuencias legales y sociales del operativo ordenado por la Casa Blanca.
