Gobierno de Trump publica lista de ciudades que bloquean su política migratoria
La administración del presidente Donald Trump dio a conocer este jueves una lista de más de 500 jurisdicciones —entre ciudades, condados y estados— que, según la Casa Blanca, obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Trump, quien regresó al poder tras ganar las elecciones de noviembre impulsado por su retórica antiinmigrante, ha prometido deportar a todos los migrantes que hayan ingresado sin visa. Como parte de esta estrategia, su gobierno ha intensificado su ofensiva contra las llamadas “ciudades santuario”, que restringen la cooperación de sus funcionarios con las autoridades federales migratorias.
La publicación de esta lista se enmarca en un decreto firmado el 28 de abril, en el que el mandatario ordenó identificar a las entidades que —según su gobierno— “obstruyen deliberadamente” el cumplimiento de las leyes migratorias. “Esta es una insurrección sin ley contra la supremacía legal federal y contra la obligación del gobierno de defender la soberanía territorial de Estados Unidos”, señala el documento.
Entre las jurisdicciones señaladas se encuentran San Francisco, Nueva York, San Diego, Las Vegas, Santa Fe y Filadelfia. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos gobiernos locales “ponen en peligro a los estadounidenses y a las fuerzas del orden al proteger a criminales extranjeros ilegales y violentos”.
La titular del DHS, Kristi Noem, exhortó a estas ciudades y estados a modificar de inmediato sus políticas, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían perder el acceso a recursos federales.
Sin embargo, expertos en derecho señalan que, si bien el gobierno federal tiene jurisdicción sobre temas migratorios, no puede obligar a gobiernos estatales o locales a colaborar en su ejecución sin una ley específica del Congreso. Así lo explican los profesores Benjamin Gonzalez O’Brien (Universidad Estatal de San Diego) y Loren Collingwood (Universidad de Nuevo México) en la plataforma The Conversation.
Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había intentado cortar fondos a las “ciudades santuario”, aunque sus esfuerzos fueron frenados por los tribunales. La Corte Suprema llegó a revisar el caso, pero fue abandonado tras la llegada de Joe Biden a la presidencia.
