Sheinbaum rechaza acusaciones de crímenes de lesa humanidad en rancho de Teuchitlán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este jueves que en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, existan crímenes de lesa humanidad, como han denunciado activistas y opositores. Este sitio, presuntamente utilizado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado polémica tras el hallazgo de restos y objetos personales de posibles víctimas.
“No sé qué quieran decir con crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años, estos crímenes venían del Estado, y eso no existe ya en México. Lo que hay es delincuencia organizada y estamos haciendo nuestro trabajo para pacificar y disminuir los delitos en el país”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.
Investigación en curso y reformas propuestas
La mandataria reiteró que el rancho Izaguirre será investigado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomara oficialmente posesión del predio esta semana. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo ha catalogado como un “campo de adiestramiento” del CJNG.
Ante la presión de colectivos y organismos internacionales, Sheinbaum firmó este jueves reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, con el fin de crear:
✅ Plataforma Única de Identidad
✅ Base Nacional de Carpetas de Investigación
✅ Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas
La presidenta aseguró que las familias buscadoras podrán participar en la discusión de estas reformas. Esta postura surge después de que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instara a México a mejorar las medidas preventivas y garantizar el apoyo a las familias de desaparecidos.
“Nunca estamos negados a dialogar, jamás. Ellas pueden participar en el proceso, una vez que la iniciativa llegue al Congreso”, afirmó.
Presión por crisis de desapariciones en México
El rancho Izaguirre de Teuchitlán cobró notoriedad después de que colectivos de búsqueda reportaran el hallazgo de 400 pares de zapatos, presuntamente pertenecientes a víctimas. El caso ha incrementado la presión sobre el Gobierno para atender la crisis de desapariciones, ya que en México hay más de 120,000 personas no localizadas desde que existen registros oficiales.
