Continua desplazamiento forzado de Chiapanecos a Guatemala por enfrentamientos e grupos criminales
La lucha por el territorio entre CDS y CJNG para controlar las rutas trasnacionales para el tráfico ha dejado 13 municipios chiapanecos de la frontera con Guatemala con habitantes desplazados,
ha derivado en la multiplicación de enfrentamientos armados, desapariciones, ejecuciones, masacres, actos de exposición ejemplificante de la tortura, acciones de violencia política electoral y desplazamientos forzados hacia otros municipios, otras entidades y hacia Guatemala
Desde julio de 2021, la región fronteriza de Chiapas con Guatemala ha sido escenario de la disputa violenta de territorios entre grupos de la delincuencia organizada que tienen como objetivo el control de las rutas trasnacionales para el tráfico de drogas, armas y migrantes, lo cual ha derivado en la multiplicación de enfrentamientos armados, desapariciones, ejecuciones, masacres, actos de exposición ejemplificante de la tortura, acciones de violencia política electoral y desplazamientos forzados dentro del estado, hacia otras entidades y hacia Guatemala.
De acuerdo con Teresa Baratta, encargada de incidencia del movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor), estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, refieren que entre 12,000 y 15,000 personas han sido desplazadas debido a la violencia armada en Chiapas, dejando varios pueblos abandonados o bien solo habitados por ancianos y personas con movilidad reducida.
Durante las últimas tres semanas, la situación de violencia en la región tomó notoriedad a escala internacional por el desplazamiento forzado de decenas de familias de, al menos, 13 municipios chiapanecos de la zona fronteriza, que pidieron refugio en Guatemala.
Aunque en un principio autoridades guatemaltecas hablaron sobre la presencia de alrededor de 600 mexicanos que habían llegado hasta su territorio desde la segunda semana de julio pasado, huyendo de la violencia, el 26 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, hasta ese día, estaban en territorio guatemalteco 362 mexicanos.
El miércoles pasado retomó el tema. Dijo que sus adversarios y “las organizaciones seudoindependientes o seudo no gubernamentales”, “están haciendo todo un escándalo”, diciendo que hay un éxodo hacia Guatemala. “Nada de eso. Hay una confrontación de dos grupos —ya se está atendiendo— y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco. Pero son 200, 300 familias”.
Durante los últimos días, algunos mexicanos que buscaron refugio en territorio guatemalteco, principalmente hombres, han regresado a sus comunidades, al enterarse que las personas generadoras que los obligaron a huir se habían retirado de sus comunidades; sin embargo, no se tiene una cifra precisa de cuántas familias mexicanas permanecen como refugiadas en el vecino país del sur, principalmente en las comunidades Ampliación Nueva reforma, Cuilco y Barrio Alpino, departamento Amatenango.
Según el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, en estos momentos el recrudecimiento de la violencia ocurre en comunidades de los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo y La Grandeza.
La organización denunció que la población de estos municipios está en total desprotección y abandono por parte de las autoridades estatales y federales.
Su mayor preocupación es que la gente está siendo obligada por criminales a participar en los bloqueos, utilizándolos como barricadas humanas, por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.
Disputa entre cárteles, el origen del problema; recurren a “tierra quemada”
Por su parte, David Saucedo, consultor en materia de seguridad explicó que la espiral de violencia que ocurre en esa zona del sur del país se debe a la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa (CDS), que, durante los 30 últimos años, junto con mafias locales, ha controlado la región para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, por la costa oeste de México, hasta Los Ángeles, así como para el tránsito de armas y migrantes.
Explicó que, al menos desde hace año y medio, el CJNG envió a la zona células de delincuentes para tratar de arrebatar el controlar de la región para diferentes actividades delictivas. Lograron controlar ciertos municipios, lo que ocasionó una fuerte reacción del CDS.
Recordó que incluso se vieron imágenes en diferentes medios de comunicación, donde grupos armados liberaban municipios que por semanas habrían estado asediados por grupos criminales.
Sin embargo, el CDS no ha logrado sacar de la zona al CJNG, que ha conseguido instalar una “cabeza de playa” en la zona y empezó a implementar la llamada estrategia de “tierra quemada”, que consiste en atacar a los pueblos que por años se habían convertido en base social de los sinaloenses, quienes hacen lo mismo cuando detectan, comunidades que apoyan a los de Jalisco.
Eso ha ocasionado una serie de desplazamientos forzados tanto los que protagonizan personas que por temor abandonan sus comunidades, como aquellas que han sido obligadas a salir por órdenes de sicarios.
El problema, indica el especialista, es que el CJNG, como fuerza invasora, tiene la intención, los recursos y armas suficientes para mantenerse ahí y buscar su cometido.
Ante esa situación, añade, los escenarios son: uno, que el CJNG vaya acumulando más fuerza y se convierta en el grupo hegemónico, como ocurrió en Guanajuato o bien que los sinaloenses logren expulsarlos.
Llamó la atención en que, hasta el momento, el gobierno federal lo que ha hecho es enviar a la Guardia Nacional a lugares donde la violencia ha atraído la atención de los medios de comunicación, pero solo con la intención de ser una presencia disuasiva, no para desarticular la estructura delictiva de los generadores de violencia o para detener delincuentes.
Dicho en otros términos, lo que ha hecho el gobierno en Chiapas es administrar el conflicto, no resolverlo.
Civiles son obligados a someterse bajo amenazas de desaparición, tortura y asesinato, denuncian activistas
La situación imperante en la zona ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado 11 de julio, durante una audiencia exprofeso, Teresa Baratta, encargada de incidencia del movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor), expuso que la estrategia de la delincuencia organizada se ha basado en control violento de la población civil, pues los habitantes son obligados a someterse a uno u otro grupo bajo amenazas de desaparición, tortura y asesinato e caso de resistencia.
Incluso aseguró que se ha documentado al menos un caso de violación sexual como castigo por la negativa de un intento de reclutamiento forzado.
La imposición de reglas arbitrarias, restricciones a las actividades económicas, extorsiones y la participación forzada en bloqueos carreteros son comunes, lo que lleva a que la población civil sea percibida como colaboradora de algún grupo delincuencial, relató.
Para la activista, lo delicado es que esas dinámicas ponen en riesgo la vida de los habitantes, especialmente cuando se trasladan fuera de sus municipios, ya que pueden encontrarse con retenes ilegales, en los que cualquier circunstancia puede ser interpretada como evidencia de colaboración con algún grupo delincuencial opuesto.
Esa situación, sumada a los constantes enfrentamientos y toques de queda, obligan al confinamiento de comunidades enteras, en ocasiones limitando el acceso a sus medios de vida y el acceso a servicios básicos como la salud.
Subrayó que ese contexto de violencia ha sido agravado por la omisión de las autoridades en su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en la zona.
Denunció que hay un subregistro de hechos de violencia ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a las represalias.
Además, las autoridades, a menudo minimizan la gravedad de la violencia en la región y utilizan el subregistro como justificante de su inacción.
Se han documentado violaciones a derechos humanos como a la vida y la dignidad de las personas, denuncian ante la CIDH
Nataniel Hernández, secretario ejecutivo de la RED TDT, explicó a este periódico que las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la zona ponen en riesgo la vida, integridad física y dignidad de las personas en diversos territorios del estado, lo cual han denunciado ante la CIDH.
Concretamente, indicó, se ha atentado contra los derechos humanos a la vida, a la dignidad humana, la integridad personal y se ha incurrido en desaparición forzada de personas; se ha atentado contra los derechos a la libre circulación, reunión, expresión, así como a la salud, alimentación y a la asistencia humanitaria; se ha violado la prohibición de reclutamiento y utilización de menores de edad en actividades hostiles.
Dijo que se han identificado impactos diferenciados hacia mujeres niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, migrantes, población campesina y líderes comunitarios.
En entrevista, subrayó que diversas organizaciones de la sociedad civil han buscado diálogo con las autoridades locales y federales a través de instancias como la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado; la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República y no se ha implementado un plan integral de atención con perspectiva de derechos humanos e intercultural para las comunidades afectadas por la violencia.
Dijo que algunas respuestas de las autoridades ante la crisis ha sido la negación o minimización de la violencia en Chiapas, aludiendo bajo índice de denuncias penales.
Asimismo, expuso que, a pesar del despliegue militar o de la Guardia Nacional en la zona, no hay un enfoque claro de protección ciudadana, permitiendo la operación del crimen incluso ante la presencia de las fuerzas armadas. “Su actuación ha sido mayormente omisa”, interviniendo tardadamente o reaccionando con confrontación, poniendo en riesgo a civiles.
Además, el Estado no ha garantizado el acceso a mecanismos de denuncia de los crímenes y violaciones graves a derechos humanos y menos ha garantizado medidas de atención y reparación para las víctimas.
Enfatizó que no hay condiciones para la denuncia y registros de casos de desaparición, así como la falta de acciones de búsqueda coordinada de todas las personas desaparecidas.
No se ha reconocido el fenómeno de desplazamiento forzado ni se han tomado acciones efectivas para identificar registrar, atender y reparar a la población que se encuentra en esa condición, con excepción de desplazamientos masivos como el ocurrido en enero de 2024, cuando se instalaron albergues temporales para la población desplazada en los municipios de Socoltenango, Comitán y Tzimol.
Además, las autoridades no han implementado medidas efectivas para asegurar los derechos económicos, ni a la salud, educación y alimentación en un contexto en donde estos derechos son frecuentemente violentados.
El estado no ha tomado las medidas suficientes para prevenir y evitar la repetición del patrón de violencia en el territorio.
Recalcó que es crucial el desarme y control del flujo de armamento, junto con la desarticulación de grupos armados.
Además, esa situación tiende a extenderse a otras regiones del estado y el gobierno no ha implementado medidas preventivas adecuadas.
Hechos concretos
En tanto, Damaris Guaza, facilitadora de procesos de paz de SIPAZ, relató que los enfrentamientos armados son recurrentes como el ocurrido el 31 de marzo de 2024, en La Concordia, entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo armado. Lo que generó que un grupo indeterminado de civiles quedaran atrapados en el fuego cruzado y al menos una
Además, denunció asesinatos ejemplarizantes como el de la maestra Berni Flor Mejía, ocurrido el 7 de septiembre de 2023 en Amatenango de la Frontera, como represalia a la resistencia de su esposo a ser reclutado.
Fue sustraída por hombres armados del salón donde estaba impartiendo clase y posteriormente asesinada.
En Chicomuselo, el maestro Artemio López fue asesinado dentro de su casa el 21 de octubre de 2023, tras ser torturado como represalia a su labor como defensor comunitario. Además, el 12 de octubre de ese año había dirigido una marcha por la paz en ese municipio.
Recordó que el 7 de marzo de 2024, desapareció el comisariado ejidal de la comunidad de Pablo L. Sidar, Huerlan Hernandez Domínguez.; el 12 de mayo de 2024, en el ejido de Nueva Morelia, un grupo armado masacró a 11 civiles (seis hombres y cinco mujeres, una de ellas menor de edad en silla de ruedas) en represalia ante la oposición de los civiles a alinearse con los grupos armados.
Dijo que para entonces, Nueva Morelia ya había sido escenario de enfrentamientos, como el ocurrido el 4 de enero, el cual duró siete horas y en donde murieron dos civiles no combatientes y el desplazamiento de al menos 700 personas.
La activista mencionó que las autoridades también son blanco de ataques. Como ejemplo citó que el 22 de marzo de 2023, siete autoridades ejidales desaparecieron en el ejido Frontera Comalapa, lo cual fue seguido de la desaparición del expresidente municipal de ese lugar, Irán Mérida Matamoros y precandidato a la presidencia municipal.
Luego, el 17 de abril de 2024 fue secuestrado rey David Gutiérrez Vázquez, candidato del PT a la presidencia municipal de Frontera Comalapa.
Guaza, subrayó que la movilidad de la población en la zona está severamente restringida por el control que ejercen los grupos criminales, mediante retenes carreteros.
Lo delicado, abundó, es que el hecho de que un civil de una comunidad controlada por el territorio controlado por cierto grupo delictivo transite por una comunidad controlada por una organización criminal rival o ser foráneo implica el riesgo de detención o desaparición, tortura o asesinato, como se evidenció en la desaparición de 10 comerciantes guatemaltecos, entre ellos un menor de edad, el 16 de noviembre de 2023, cuando cumplían una ruta por los municipios de Chicomuselo, El Porvenir, Motozintla y Siltepec.
Asimismo, continuó, las restricciones a la movilidad han afectado el traslado de las personas a sus parcelas para cultivarlas.
Ante esa situación, poblados enteros han sido cercado por grupos criminales, impidiendo el suministro de víveres o gas doméstico además de otros insumos esenciales, además, afectado el abasto de agua potable, electricidad y telecomunicaciones.
Por otra parte, denunció que en meses anteriores, las actividades escolares han sido interrumpidas por el cierre de las escuelas o bien su funcionamiento ha sido intermitente, por el temor de estudiantes y maestros a ser detenidos por un grupo armado.
Para muchos pobladores, las cuotas por derecho de piso que deben entregar para que los criminales dejen operar sus negocios o fuente de sustento económico han sido insostenibles, lo que ha llevado al cierre de numerosos establecimientos y, en algunos casos al desplazamiento de personas.
Además, muchos pobladores han perdido sus bienes materiales al verse obligados a entregarlos a grupos armados.
