Si se aprueba la reforma judicial de AMLO, La selección de jueces será un concurso de popularidad.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que con la reforma serán jueces los más populares, no los más capacitados.
Si la reforma al Poder Judicial se aprueba en los términos que fue enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, ya no llegarán a los puestos de juzgadores las personas más capacitadas; ni las que pasaron años estudiando, preparándose para opositar, sino las más populares, las que supieron relacionarse bien con los grupos de poder, afirmó, enfática, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
Durante los trabajos de conclusión del “Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia”, organizada por el Poder Judicial federal, dijo que, con ello “irónicamente” se provocará justamente lo que se intenta erradicar.
Este lunes concluyeron los ejercicios de ese foro, que se realizaron durante los últimos cinco meses y los insumos y propuestas concretas que de ahí surgieron, serán puestos a disposición del Gobierno federal y las legislaturas saliente y entrante del Congreso de la Unión, con el fin de que sean tomados en cuenta en la discusión y análisis de la iniciativa de reforma judicial, enviada en febrero pasado, por el presidente, López Obrador, y que se pretende aprobar en setiembre próximo, durante el primer mes del primer periodo ordinario de sesiones de la siguiente legislatura federal.
En el encuentro realizado en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en Tlatelolco, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, recalcó que la reforma en cuestión no aborda el problema de raíz y mencionó: “Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”.
Para la ministra, nadie puede negar que México lleva muchos años inmerso en una crisis de seguridad pública y justicia, sobre lo cual se han realizado múltiples diagnósticos y propuestas de reforma.
En ese sentido, la abogada hidalguense expuso que ese encuentro constituye una experiencia plural que permite que el público en general, usuarios, organizaciones de la sociedad civil, policías fiscales, jueces, estudiantes, profesores y otros funcionarios que laboran en áreas de servicio, tener la oportunidad inédita para intercambiar experiencias.
La reforma al Poder Judicial debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados.
Hizo un llamado “contundente” a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas y que se centre en las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.
Reconozco que se necesita una reforma y la misma debe incluir cambios en la Judicatura Federal, pero para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que se han detectado a través de este Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia” es indispensable considerar el problema de manera integral, insistió.
Dijo que en materia de impartición de justicia, México enfrenta una crisis que cada día se acrecienta más, ante la cual, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes están enfrentando ese reto como parte de un sistema.
No podemos caer en la salida fácil; no podemos comenzar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables; al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país, añadió.
Para la presidenta de la Corte, lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre.
Y recalcó que la existencia de un Poder Judicial federal autónomo e independiente ajeno a los vaivenes de la política es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia “que tanto nos ha costado construir”.
La carrera judicial le interesó a menos de 10% de participantes en el foro
Los trabajos de ese foro se realizaron en torno a cuatro ejes: Acceso a los servicios legales; seguridad y justicia; Sistema Nacional de Impartición de Justicia; Justicia y rendición de cuentas.
Al respecto la presidenta de la SCJN informó que, hasta ahora, 75% de los participantes se interesaron por temas relacionados con los derechos de las personas, de las víctimas y temas relacionados con la seguridad pública.
En ese sentido llamó la atención en que los problemas sobre la independencia judicial, la carrera judicial y el funcionamiento de los tribunales solo llaman la atención de las personas juzgadoras, que representan 9%.
“Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente en los derechos de las víctimas. Los tribunales y su integración y funcionamiento definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios del de los sistemas de seguridad y justicia”, abundó.
La ministra expuso que los usuarios desconfían de las autoridades, pero las autoridades desconfían de las personas y de las otras autoridades. “Tenemos un sistema basado en la desconfianza”.
Asimismo enfatizó que necesitamos, de manera urgente, espacios y canales institucionales frecuentes y eficientes de comunicación. Es necesario dejar atrás las políticas de escritorio que solo apuntan que es alguien más el responsable de lo que ocurre.
También indicó que a las personas, el derecho les parece distante, formal y complejo. “Abogados e integrantes de la sociedad civil, funcionarios públicos y juzgadores no entendemos que nuestra comunicación con las personas ha sido ineficaz”.
En materia de seguridad pública, mencionó que, el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado. Prevalece la desconfianza, hay muy poca empatía y personas usuarias y funcionarias enfrentan problemas por igual.
“El contacto con las autoridades erosiona particularmente a las víctimas, que deben narrar una y otra vez su historia y rara vez encuentran soluciones. Los derechos de las víctimas son meramente formales, pero no tienen expresión práctica”.
También recalcó que la capacidad de investigación criminal está rebasada. En todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hace imposible dar respuestas. Las y los funcionarios se enfrentan a procedimientos altamente formalizados y poco prácticos. Las irregularidades y actos de corrupción son muy frecuentes. Las instituciones enfrentan un desgaste acumulado y los mecanismos alternativos de solución de controversias todavía no han dado el resultado deseado. “La justicia está muy lejos de las personas”, relató.
Piña Hernández destacó que la mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia.
Ante estos retos, indicó, es necesario que las problemáticas más importantes del país relacionadas con el sistema de seguridad y justicia sean parte de la conversación nacional y el centro de atención.
Luego mencionó que, muchas veces, los tiempos políticos no se alinean a las necesidades que tenemos que resolver.
En ese tenor recalcó: claro que hay urgencia en resolver esos problemas que afectan la vida diaria de los mexicanos, pero eso no justifica tomar decisiones rápidas que no atienda las principales necesidades y causas de los problemas que pretendemos resolver.
Y abundó: La mejor herramienta que tenemos es un diálogo honesto en el que si nos logramos poner de acuerdo tendremos después de la reforma el camino más apto para buscar la justicia y que esta no sea una pesadilla. “Los legisladores tienen esta responsabilidad histórica”.
Durante el evento participaron la directora de la Facultad de derecho de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez; la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra y el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Óscar Cantón Zetina.
